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En Boyacá actualmente, al igual que en el resto del país no solo existe una vulnerabilidad frente al conflicto armado si no que está siempre latente la posibilidad de sufrir desplazamiento por daños causados al medio ambiente durante el mismo conflicto armado, desplazamientos causados por conflictos socioambientales y finalmente otros causados por fenómenos naturales, los cuáles están siendo exacerbados por el calentamiento global.
De acuerdo con Carmen Egea y Javier Soledad, las cifras sobre el desplazamiento ambiental no son precisas, pero sí resultan en todos los cálculos más elevadas que las de las personas que se desplazan por los conflictos armados. Si bien el tema de las «migraciones y el cambio climático» es relativamente reciente, los motivos medioambientales están presentes en diferentes definiciones de «migraciones forzadas» bien sea por las consecuencias de acontecimientos naturales o por las modificaciones que las intervenciones humanas hayan hecho a estos acontecimientos.
Según el abogado e investigador Juan Pablo Sarmiento, en Colombia “los desplazados ambientales son invisibilizados a causa de la crisis humanitaria de las víctimas del conflicto armado interno”, por lo que con el fin de elaborar un panorama más amplio de la vulnerabilidad de algunos municipios en el departamento de Boyacá se analizaron los datos disponibles en diferentes plataformas y bases de datos gubernamentales, donde se tuvieron en cuenta las voces de líderes y lideresas sociales y ambientales que realizan acciones para la protección del territorio boyacense.
Conociendo la relación entre el conflicto armado interno y la degradación ambiental por las acciones como la minería ilegal, la voladura de oleoductos, el uso de minas antipersonal, los bombardeos, el despojo de tierras y la lucha frontal contra los cultivos de uso ilícito, entre otros, reconocidos como afectaciones al medio ambiente y a la naturaleza por la Comisión de la Verdad y estudiados por académicos como Carolina Montes Cortés, en la siguiente visualización se muestran los 15 municipios con más víctimas de ocurrencia de desplazamiento forzado en el departamento de Boyacá.
De estos 15 municipios, 9 tienen un Índice de Riesgo de Victimización (IRV) diferente a bajo, lo cúal nos puede dar un indicio de que estos municipios no solo están en riesgo por la posibilidad de la repetición de hechos de violencia sino que también pueden estar en riesgo de verse afectados por problemáticas ambientales derivadas del conflicto armado interno.
Entre estos municipios se encuentra a Puerto Boyacá que en este momento presenta un IRV Medio Bajo. Con el fin de conocer algunas acciones que se están desarrollando en el territorio para evitar nuevamente una vulneración de derechos de las comunidades y los retos que estas tienen, especialmente las personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD), Robinson Romero Izquierdo participante del colectivo Amor Sin Límite, quiénes no se dedican exclusivamente a la atención de víctimas del conflicto armado pero sí a la defensa de los derechos de la comunidad OSIGD en general, cuenta las acciones y retos que han sorteado:
Los reclamos de Romero Izquierdo hacen parte también de las necesidades para hacer frente al cambio climático, según la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, la Vivienda de Interés Social (VIS) permite la disminución de nuevos asentamientos en zonas de alto riesgo; “además se asegura el acceso a los servicios públicos, alumbrado, andenes y en algunos casos a zonas de esparcimiento. En este sentido, la política de VIS ha ayudado a reducir la vulnerabilidad a los efectos del clima de las zonas populares en las ciudades”. Es importante resaltar que si bien esta es una alternativa prometedora, deben estudiarse los aciertos y desaciertos que pueda tener para cada uno de los casos particulares y evitar que se convierta en una acción con daño que genere nuevos conflictos sociales, como ocurre en el caso de la reubicación de la población del Jarillón del Río Cauca en Cali, Colombia.
Como se mencionó anteriormente en Boyacá no solo se enfrentan ahora los efectos del conflicto armado, sino también se han registrado conflictos socioambientales. Sebastián Porras, abogado del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, explica ¿qué es un conflicto socioambiental? y genera una reflexión sobre la necesidad o no de definirlo para seguir apoyando la protección de los territorios boyacenses:
Mario Alejandro Pérez, en su análisis sobre los conflictos ambientales en Colombia, afirma que los efectos ambientales producidos por el desarrollo de proyectos extractivos generan importantes impactos sociales y agrega que las poblaciones más afectadas son las comunidades pobres, en particular, campesinos, indígenas y afrodescendientes. También se resalta en el escrito cómo el sector minero y el de la energía fósil pueden ser causantes, en gran medida, de conflictos ambientales.
Retomando los datos de la visualización anterior se puede observar que de los 9 municipios que además de haber tenido gran número de víctimas por desplazamiento forzado y que aún tienen riesgo de victimización, 5 han reportado conflictos socioambientales. Los municipios que reúnen estos tres factores son: Cubará, Otanche, Pajarito, Puerto Boyacá y Socotá.
Al preguntarle a Robinson Romero si en la política pública LGBT de Puerto Boyacá se incluye la protección de las personas OSIGD frente a conflictos ambientales responde:
Sin embargo, desde las acciones ciudadanas y comunitarias en Puerto Boyacá sí se han realizado acciones por la defensa del territorio y la naturaleza, Estefany Grajales es representante legal de la Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Una organización que hace parte de la plataforma de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Movimiento Nacional Ambiental, ecofeminista, cuenta su experiencia haciendo incidencia en el territorio frente a conflictos socioambientales relacionados con explotación de hidrocarburos:
Diana Pérez, líder social en el municipio de Paipa, que estuvo vinculada al proceso de formulación de la política pública ambiental de Boyacá durante el 2023, cuenta que “cuando empecé a adentrarme en el proceso, encontré muchas fallas. Y con esas falencias, como básicamente de un avión fallando, yo intenté empezar a articular los temas. Las políticas públicas para el caso del departamento de Boyacá, se deben hacer con base a una guía de lineamientos de política que contempla tres fases: una fase preparatoria, una fase de agenda pública y una fase de ejecución. Entonces, cuando llegué todavía estaban en la fase de agenda pública con varios errores, varias situaciones por corregir. Se terminó esa etapa y se inició la fase de ejecución” explica Pérez.
Al preguntarle a Diana Pérez si dentro de esta política se contempla algún recurso para evitar que las comunidades se vean desplazadas o afectadas por cuestiones ambientales en el departamento de Boyacá, indica:
Respecto a otras herramientas que tiene el departamento y los municipios para hacer frente a los conflictos socioambientales, hablamos con Carlos Cubides director de la Fundación Ecommunity, experto en temas de gobernanza climática y cooperación internacional quien actualmente asesora a los gobiernos locales en diferentes municipios para la formulación y ejecución de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT). Cubides ha liderado este proceso en el municipio de Tópaga, el cuál fue pionero en el desarrollo de este tipo de instrumentos. Incluso a la fecha al consultar en la página del Ministerio de Medioambiente este es el único municipio que tiene este plan en el departamento de Boyacá. Así cuenta ese proceso:
Al preguntarle ¿cómo se podría evitar que las personas vuelvan a ser víctimas de algo como el desplazamiento? En este caso, por cuestiones ambientales. O ¿Cómo estos instrumentos permiten irnos preparando para evitar que esto vuelva a ser una realidad tan difícil para el país? responde:
Respecto al tema de conflictos socioambientales el ingeniero Cubides indica que si bien los PIGCCT son transversales no tienen un enfoque directo en este tema, sin embargo “no podemos desconocer, por ejemplo, el tema de conflictos ambientales, sino debe hacer parte del tema de alistamiento. Para poder empezar a diseñar medidas y poder hacer el análisis de vulnerabilidad de riesgo, debemos conocer muy bien el contexto del municipio y para eso es fundamental el tema ambiental”, indica.
Aunque el departamento de Boyacá está estrenando su PIGCCT, pues a inicios del 2024 hizo el lanzamiento de este documento departamental, ninguno de los 5 municipios que ha registrado mayor número de víctimas de ocurrencia por desplazamiento forzado, que además tienen Índice de Riesgo de Victimización diferente a bajo y que han reportado conflictos socioambientales tiene estos planes establecidos, lo que sigue dejando en vulnerabilidad a su población. Carlos Cubides comenta desde su perspectiva lo que hace falta para que estos y todos los municipios del departamento comiencen a plantear estas herramientas:
Por su parte, el arquitecto Luis Hair Dueñas Gómez, quién fue Subdirector de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) durante el periodo 2020-2023 y estuvo dirigiendo el proyecto de la creación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial para Boyacá, el instrumento base para todo el departamento que guiará la construcción de los PIGCCT de cada uno de los 123 municipios de su jurisdicción, cuenta cómo se integró la situación de los conflictos socioambientales en este documento:
Su enfoque también se alínea con reducir la acción con daño que se pueda generar por la toma de decisiones no concertadas con las comunidades. Para el arquitecto Luis y para el ingeniero Carlos, el marco normativo en Colombia ya existe y es necesario conocerlo, articularlo y cumplirlo. Según la Tercera Comunicación Nacional para el Cambio Climático, “Colombia ha sido cada vez más proactiva en el establecimiento de objetivos de política ambiental internacional, incluyendo el cambio climático; asimismo, cuenta con cerca de 200 Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA) actualmente en vigor”.
Pero mientras estos documentos comienzan a hacerse efectivos, las comunidades han tenido que buscar la manera de permanecer, resistir y defender sus territorios. Para el caso del departamento de Boyacá se rastrearon los conflictos socioambientales en tres fuentes distintas, debido a que no todas incluían la misma información, se consultó al Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, al Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) y se tuvieron en cuenta los conflictos denunciados por líderes y lideresas en Boyacá durante una Asamblea Departamental desarrollada el 29 de Junio del 2022, los cuáles fueron organizados y mapeados por el candidato a doctor en geografía, Nicolás Vargas Ramírez.
De esta última base de datos se recopilaron 29 conflictos que afectan a más de 35 municipios de Boyacá. Esto demuestra el subregistro de este tipo de conflictos en el departamento, incluso en bases de datos como Environmental Justice Atlas, que es uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) y muestra solo 139 casos registrados para toda Colombia. Al combinar las tres fuentes consultadas sobre conflictos socioambientales en Boyacá, para realizar esta investigación se tienen cerca de 59 conflictos rastreados que afectan a 43 municipios del departamento así:
Esto es de vital importancia ya que según Indepaz, Boyacá es el departamento número 8 en el ranking de afectación por conflictos socioambientales en Colombia. A nivel nacional los principales conflictos tienen que ver con minería, le siguen los monocultivos agroindustriales, la construcción de infraestructura y el petróleo entre los rastreados por este instituto. Además mencionan que las comunidades rurales son las más afectadas y según Manuel Alejandro Pérez las formas en la que los conflictos les impactan son: afectaciones a los medios de vida, a sus medios de subsistencia para cultivos, pesca, agua, prácticas mineras u otro tipo de actividades, generando efectos sobre la soberanía y la seguridad alimentaria.
Joan Martínez, señala que los “impactos se generan antes de que haya tiempo de corregirlos mediante políticas económicas o cambios en la tecnología, y por lo tanto recaen desproporcionadamente sobre algunos grupos sociales que protestan y resisten para defender sus derechos y acceso a los bienes de subsistencia. Para ello utilizan distintos lenguajes de valoración de la naturaleza que van desde los ecológicos hasta los sagrados, los derechos territoriales e indígenas, el derecho al trabajo, a la salud y a la vida, y además lo hacen desde diferentes niveles de acceso al poder”.
Frente a este escenario, en el departamento de Boyacá han surgido iniciativas como el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi y posteriormente la Corporación Guamán Poma que se han establecido a partir de la necesidad de defender los ecosistemas frente a grandes empresas extractivas que amenazan la permanencia de la población en el territorio. La provincia de Sugamuxi comprende 13 municipios del departamento, entre ellos Aquitania, que según los datos es uno de los 15 municipios que más tiene víctimas ocurrentes de desplazamiento forzado en Boyacá y que además ha reportado conflictos socioambientales. María Ligia Barreto, lideresa integrante del Colectivo y la Corporación Guamán Poma, narra cómo fue el comienzo de esta juntanza:
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Resalta doña María Ligia que esos procesos de “exploración, explotación, no se dan con base en una organización territorial, es decir, en una planeación territorial, en una planeación nacional, en donde realmente el Gobierno debería tener definido a través de múltiples estudios en dónde se pueden hacer y en dónde no se pueden hacer ese tipo de actividades en el sentido del cuidado de los ecosistemas, en el cuidado del agua y en el cuidado de no desplazar la gente, que no haya desplazamientos, en el cuidado de sostener esos territorios de manera pacífica y que la gente realmente no pierda, no se desplace perdiendo su estabilidad territorial”.
Esta desarticulación entre los propósitos de distintas políticas económicas y sociales en el país propicia un escenario perfecto para los conflictos socioambientales, desde su experiencia en el territorio María Ligia hace esta reflexión:
De acuerdo con Dianna Camila Dávila Garzón, integrante también del colectivo y de la corporación Guamán Poma, estas tensiones generan inestabilidad en la salud mental de las poblaciones afectadas:
Con el fin de poder explicarle a los campesinos, campesinas y a todas las personas que habitan la provincia de Sugamuxi la problemática a la que se estaban enfrentando, además de las acciones ya mencionadas, el colectivo desarrolló actividades educativas como la creación de historietas. Según Sebastián Porras abogado y miembro del colectivo y la Corporación Guamán Poma, los personajes creados representan la idiosincrasia del boyacense de la provincia, entre ellos está el compadre Don Getulio:
Imagen tomada de la página web del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi.
Estas herramientas le permitieron al colectivo comunicarse mejor con otros campesinos y personas de la provincia, según Porras “a través de él, el colectivo empezó a mostrar de qué se trataba, cuáles eran los impactos, cuáles eran las consecuencias de esos permisos para entrar y hacer las explotaciones o la sísmica, la explotación parasísmica. Y eso también permitió difundir mucho, comunicarlo y entender qué era lo que se venía encima. Y ese riesgo fue lo que nos unió. No sé por qué, pero así es la sociedad cuando ven unos riesgos inminentes encima, pues ahí sí dicen: oiga, nos toca unirnos”.
Gracias a todas estas acciones el colectivo gana la disputa, “Maurel & Prom pierde la modificación, o mejor dicho, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le niega la modificación y ya no pueden seguir haciendo su proyecto. Aún después de eso el colectivo se mantiene en firme y unido y empieza a abordar otros tipos de problemáticas, de conflictos y también empieza a generar rutas de acción para hacer, digámoslo así, proyectos sostenibles en el territorio”, explica Sebastián Porras. Luego de esto, la actividad del colectivo en la provincia ha seguido de diversas maneras, referente al Lago de Tota siguen abogando por su protección sobre todo frente a la contaminación de este cuerpo de agua y se han extendido a otros puntos, Dianna Camila explica:
Además su labor ha empezado a ser reconocida en otras partes del territorio nacional, por ejemplo, les han llamado para trabajar junto con comunidades de pescadores en San Andrés, y desde su experiencia las principales recomendaciones que hacen a los demás municipios del departamento y del país que se estén enfrentando a la imposición de un proyecto petrolero, minero o de infraestructura es: “juntarse, leer para conocer la normatividad para enfrentar a un Estado o a un privado, conocer cómo funciona un Estado, los derechos y deberes que se tienen. Recurrir a personas que les puedan colaborar en comprender todos esos estudios, lo que son estudios de impacto ambiental, estudios de plan de manejo ambiental, poder hacer cruces de información con mapas del Agustín Codazzi, y con toda la información que tiene el Estado para realmente poder enfrentar la situación. Si nosotros nos juntamos, pero no nos preparamos en el conocimiento realmente nos ganan la partida”, afirma María Ligia. Al respecto Sebastián Porras añade:
Dentro de estas recomendaciones también incluyen la importancia de la organización comunitaria, del planteamiento de alternativas a las alcaldías o gobiernos locales y al mismo tiempo que las comunidades sean escuchadas por estos órganos de poder. Porque estos conflictos socioambientales sí han generado desplazamiento de las personas no solo por la adquisición de tierras para el desarrollo de las actividades sino también por efectos colaterales de las acciones propias de la actividad extractivista, aunque no hay registros sistematizados por parte de la colectividad, así lo menciona Sebastián Porras:
El riesgo de ser desplazado por estas situaciones no solo se le presenta a la comunidad que se ve directamente afectada en su salud, en su economía, en su cultura por las empresas extractivas sino que también afectan a las personas que lideran a la comunidad o que hacen denuncias de los hechos que afectan a las personas en el territorio, Grajales lo relata así:
Respecto a datos de desplazamiento por conflictos socioambientales, María Ligia Barreto, señala que “tampoco creo que a nivel departamental ni a nivel nacional, exista esa estadística, esa información que nos permita saber realmente el desplazamiento poblacional y todos los motivos de desplazamiento, porque aquí estamos hablando de dos eventualidades que es exploración, explotación de hidrocarburos y explotación de minerales. Pero también esos conflictos socioambientales los está generando los cambios climáticos, la crisis climática que hoy día tenemos, porque no solamente son los conflictos por las actividades extractivas, sino que también hay otros conflictos que están generando esos daños ambientales y por ende que la comunidad tenga que desplazarse. Entonces, si uno se fuera al departamento e hiciera un análisis muy juicioso, realmente, o si el departamento o la nación hicieran esos análisis juiciosos encontrarían que uno de los elementos principales por los cuales hay desplazamiento forzado es el cambio climático, esta crisis climática que de hecho la tenemos en el momento”.
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